Cuando en los años 30 del siglo pasado  se publicó The Modern Corporation and Private Property escrito por Adolf Berle y Gardiner Means sobre los fundamentos del derecho corporativo de los Estados Unidos se estaban sentando las bases del gobierno corporativo.

Un siglo después, este campo de trabajo y de estudio ha evolucionado y en la actualidad ya se profundiza y analizan casuísticas concretas. Sobre este punto, reflexionamos hoy, en concreto sobre las instituciones públicas y las empresas privadas.

Ambas generan productos y servicios en la sociedad, pero también se diferencian, sobre manera, en tres aspectos básicos:

–             El capital social, porque el capital de las empresas privadas está en su mayoría en manos de agentes privados y que, en caso de estar divididos en acciones, en la mayoría de los países se pueden negociar en mercados bursátiles. Las instituciones públicas están en su mayoría en manos de poderes o administraciones públicas.

–             El objeto social, a la empresa privada le mueve el ánimo de lucro en su actividad, generar el mayor beneficio posible con los mínimos recursos, y la institución pública busca el interés público de su actividad en pro del beneficio de la sociedad.

–             La toma de decisiones, en las empresas privadas están en manos de unos pocos, centrado principalmente en los administradores y la alta dirección, en cambio, en las instituciones públicas, hay muchos agentes involucrados en las decisiones y con un proceso lento y burocrático. En este último caso, se ha de recordar que en un sistema de buen gobierno corporativo los accionistas son fundamentales; .por este motivo, es responsabilidad de los ciudadanos estar enterados del manejo de las entidades públicas. Al fin y al cabo, las instituciones públicas son parte de su patrimonio y, a través de su adecuada gobernabilidad, generan beneficios para la comunidad en su conjunto.

Ahora bien, ¿cómo cada una de estas empresas se benefician del gobierno corporativo?

Es sabido, que las organizaciones, según van creciendo, se enfrentan a una mayor complejidad en el manejo de las decisiones y del capital. Para el caso de las empresas privadas, que suelen estar en manos de unos pocos accionistas, en muchos de los casos familiares,  es importante profesionalizar el gobierno de la organización.

Por su parte, las instituciones públicas tienen el reto de gestionar el capital público,  por tal motivo, aparece cierta complejidad en cómo gobernarlas, que ha de asentarse en un estricto respeto a los principios del buen gobierno. No puede obviarse que todos los recursos que se utilizan en estas y todos los beneficios que se obtienen pertenecen a los terceros involucrados, es decir, a todos los ciudadanos.  Además, el gobierno corporativo apoya la armonía en el flujo de toma de decisiones y la institución no sufre el impacto de la rotación temporal de los roles decisores. Así, aunque el quién está cambie, la organización tiene una continuidad que le sirve como un pilar para la entrega de valor a la sociedad.

En ambos casos, tener un gobierno corporativo fuerte es una garantía de éxito, porque las decisiones se fabrican en base a un proceso crítico y a un plan, ambos respondiendo a todas las partes implicadas. En definitiva, el gobierno corporativo agrega, ante todo, rigor, lo que contribuye a la sostenibilidad de cualquier tipo de organización.